En Juego la Libertad de Expresion en Internet

Con ello, se garantizar?entre otras cosas, que los consumidores de rentas bajas tengan acceso a f?las tarifarias especiales o que se beneficiasen de una ayuda particular, para que les sea posible acceder al ADSL y hacer uso de ? Adem? habr?que exigir a las empresas que asumiesen obligaciones de servicio universal, que respetasen un r?men tarifario o apliquen una tarificaci?om?incluida una equiparaci?eogr?ca, sobre el conjunto del territorio nacional.

II.- CENSURA ADMINISTRATIVA DE PGINAS WEB SIN ORDEN JUDICIAL: En un an?sis detallado del Art?lo 1, apartados uno y cuatro, en relaci?on los art?los 8 y 11 de la Ley de Comercio Electr?o – LSSI, se aprecian ciertas incongruencias que, conforme al resto del ordenamiento jur?co espa? ser? desde su aprobaci?naplicables en la pr?ica, e incluso adolecer? de inconstitucionalidad.

Con estos art?los la reforma modifica la situaci?onstitucionalmente reconocida  de que las decisiones sobre la legalidad de publicaciones, como lo son los contenidos publicados en la Red, est?rotundamente en manos de los jueces, pasando a insinuar que tambi?la Administraci?st1:personname> P?ca tenga competencias de censura previa. 

Como ya se ha hecho saber a este organismo al que nos dirigimos, tanto el vigente art?lo 8, como su futura redacci?se limitan a hablar de la existencia de posibles “medidas restrictivas”, adoptadas por un “?no administrativo en ejercicio de sus competencias” y que afecten a “un servicio de la sociedad de la informaci?ue proceda de alguno de los Estados miembros de la Uni?uropea o del Espacio Econ?o Europeo distinto de Espa? Hasta aqu?odo parece circunscribirse a lo que las normas espec?cas de funcionamiento y competencias administrativas determinen, en consonancia con el resto de normas consagradas en el derecho interno.

La pol?ca surge con la nueva redacci?ue se quiere aprobar para el art?lo 11, cuya t?ica legislativa cuestionamos. 

En los dos primeros apartados, establece que:

1.        Cuando un ?no jurisdiccional o administrativo hubiera ordenado, en ejercicio de las competencias que legalmente tenga atribuidas, que se interrumpa la prestaci?e un servicio de la sociedad de la informaci? la retirada de determinados contenidos provenientes de prestadores establecidos en Espa?y para ello fuera necesaria la colaboraci?e los prestadores de servicios de intermediaci?dicho ?no podr?rdenar a los citados prestadores que suspendan el correspondiente servicio de intermediaci?tilizado para la provisi?el servicio de la sociedad de la informaci? de los contenidos cuya interrupci? retirada hayan sido ordenados respectivamente.

2.        Si para garantizar la efectividad de la resoluci?ue acuerde la interrupci?e la prestaci?e un servicio o la retirada de contenidos procedentes de un prestador establecido en un Estado no perteneciente a la Uni?uropea o al Espacio Econ?o Europeo, el ?no jurisdiccional o administrativo competente estimara necesario impedir el acceso desde Espa? los mismos, y para ello fuera necesaria la colaboraci?e los prestadores de servicios de intermediaci?stablecidos en Espa?dicho ?no podr?rdenar a los citados prestadores de servicios de intermediaci?ue suspendan el correspondiente servicio de intermediaci?tilizado para la provisi?el servicio de la sociedad de la informaci? de los contenidos cuya interrupci? retirada hayan sido ordenados respectivamente.

Como se puede observar, este texto lleva a cierta confusi?al insinuar que tanto un ?no administrativo como un ?no judicial tienen hoy por hoy competencias para ordenar que “se interrumpa la prestaci?e un servicio de la sociedad de la informaci? la retirada de determinados contenidos”.

Porque si acudimos a las normas que regulan la capacidad para retirar u ordenar interrupciones en la publicaci?e contenidos, nos encontramos que la propia Constituci?xpone muy claro qui?puede tener competencias legalmente atribuidas, en su art?lo 20:

1. Se reconocen y protegen los derechos: 

a) A expresar y difundir libremente los pensamientos, ideas y opiniones mediante la palabra, el escrito o cualquier otro medio de reproducci?

b) A la producci? creaci?iteraria, art?ica, cient?ca y t?ica. 

c) A la libertad de c?dra. 

d) A comunicar o recibir libremente informaci?eraz por cualquier medio de difusi?La ley regular?l derecho a la cl?ula de conciencia y al secreto profesional en el ejercicio de estas libertades.

2. El ejercicio de estos derechos no puede restringirse mediante ning?ipo de censura previa.

3. La ley regular?a organizaci? el control parlamentario de los medios de comunicaci?ocial dependientes del Estado o de cualquier ente p?co y garantizar?l acceso a dichos medios de los grupos sociales y pol?cos significativos, respetando el pluralismo de la sociedad y de las diversas lenguas de Espa?o:p>

4. Estas libertades tienen su l?te en el respeto a los derechos reconocidos en este T?lo, en los preceptos de las leyes que lo desarrollen y, especialmente, en el derecho al honor, a la intimidad, a la propia imagen y a la protecci?e la juventud y de la infancia.

5. S?podr?cordarse el secuestro de publicaciones, grabaciones y otros medios de informaci?n virtud de resoluci?udicial.

No cabe por tanto caso alguno en que “en ejercicio de sus competencias” un ?no administrativo pudiera ordenar la interrupci? cese de una publicaci?en papel o digital), sin que con ello se vulnerasen las garant? constitucionales previstas para el efectivo ejercicio del derecho recibir informaci? al derecho a la libertad de expresi?

En este sentido, hay que entender que Internet es una herramienta creada transmitir informaci?un espacio para la comunicaci?y el acceso a los contenidos que ah?e publican (ya sea en entornos privados o en espacios p?cos) es lo que materializa su raz?e ser. Generalizar como si ?a fuera un simple mercado (como pretende la reforma de la LSSI) provoca que intentemos explicar al legislador que cada actividad tiene sus responsables, su finalidad, y ya tiene asignado quienes han de velar por que todo se haga dentro del marco legal del Derecho Espa? La reforma de la LSSI est?emostrando que no distingue entre lo que es una publicaci?n Internet y la actividad que subyace a ello, al instituirse o sugerirse competente para todo lo relativo a sus contenidos.

Por lo expuesto, creemos que no es necesario citar normas o jurisprudencia complementarias para reforzar semejante obviedad, la Administraci?strong> P?ca no puede, por mandato constitucional, intervenir publicaciones sin una orden judicial. Sin embargo, si cabe a?r otros argumentos de car?er pol?co.

Esta misma pol?ca que se describe, ya fue debatida y zanjada con el gobierno del PP, al aprobarse la LSSI tal y como la conocemos hoy. Sin embargo, la ardua oposici?lanteada en el a?002 por el PSOE en este tema concreto, sorprende hoy con un giro de 180º. Ahora, lo que calificaban de “ley de censura del ciberespacio”, porque no quer?aclarar quien era la “autoridad competente”, deja de serlo porque ya es aclarado, lo arregla otorga competencias a quien se las niega la propia Constituci?spa?, el principio de separaci?e poderes de cualquier sistema democr?co, y el deber de respeto a las garant? de los derechos fundamentales, como lo es la libertad de expresi?rente a la censura.